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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha abierto juicio oral contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los dirigentes socialistas vascos, Patxi López y Rodolfo Arres, y cinco dirigentes de la ilegalizada formación Batasuna por las reuniones que mantuvieron en abril y julio de 2006 y en enero de 2007, durante el alto el fuego que ETA había anunciado en marzo de 2006 y que rompió con el atentado de diciembre en el aeropuerto de Barajas (Madrid), en el que murieron dos personas.

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Azkarate: "Es un juicio contra la sociedad vasca"

AUDIO - Cadena Ser - 30-10-2007

Portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate: "Por primera vez se enjuicia penalmente al lehendakari por ejercer su función política. Es un juicio contra la sociedad vasca" -

• Documento: Auto del juez por el que abre juicio oral contra Ibarretxe y los socialistas López y Ares

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El juez del TSJPV Roberto Saiz, que instruye la causa, señala que los hechos pueden ser "constitutivos del delito de desobediencia", tipificado en el artículo 556 del Código Penal, ya que las reuniones se produjeron a pesar de que Batasuna, el partido de Arnaldo Otegi, había sido ilegalizado y disuelto por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 debido a sus vínculos con ETA.

Los dirigentes de Batasuna encausados son: Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufino Etxebarria y Olatz Dañobeitia. Las reuniones entre el lehendakari y los batasunos se produjeron los días 19 de abril de 2006 y 22 de enero de 2007, mientras que el encuentro de los socialistas con los dirigentes de la izquierda abertzale fue el 6 de julio de 2006.

La resolución del juez se traslada al Ministerio Fiscal, que solicitó el sobreseimiento de la causa, para que formule escrito de acusación o lo que estime procedente. Además, se señala como órgano competente para el fallo de la causa la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los acusados tienen ahora diez días para presentar sus escritos de defensa pero contra el auto del juez no cabe recurso.

Rechaza los argumentos del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal había solicitado el archivo de esta causa con el argumento de que no había otra acusación pública que fuera a ejercer la acción penal contra los querellados y que no bastaba la sola acusación popular para la apertura de juicio oral. Sin embargo, el magistrado rechaza tales argumentos, razonando que todos los ciudadanos, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse ejerciendo la acción popular. En este caso se personaron el Foro de Ermua y la asociación Dignidad y Justicia.

El magistrado añade que "el bien jurídico protegido" en este caso "tiene naturaleza de bien de interés general o colectivo, derivado del obligado cumplimiento de resoluciones judiciales", lo que, en su opinión, refuerza "el ejercicio de la acción popular".

Un precedente similar

Por último, se señala que hay un precedente idéntico a este caso en la Sala de lo Penal del TSJPV, en abril de 2005, cuando "concurriendo circunstancias procesales similares a las que ahora se dan" se acordó también "la apertura del juicio oral".

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El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, ha asegurado hoy que el Gobierno "disiente" de la acusación formulada por la Justicia de Chad contra los siete tripulantes españoles detenidos en un supuesto caso de tráfico de menores por parte de una ONG francesa. Según León, "todo parece apuntar a la falta de pruebas concluyentes contra los españoles" detenidos, por lo que el Ejecutivo "seguirá reclamando su liberación". Exteriores ha informado hoy que la justicia chadiana acusa a los españoles de estafa y complicidad en el secuestro de menores.

En declaraciones a los periodistas tras la presentación de unas jornadas del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMED), León ha reclamado a las autoridades del Chad que se tenga en cuenta la presunción de inocencia de los españoles retenidos en ese país, acusados de complicidad con tráfico de menores. León ha garantizado que el Gobierno asistiría a los detenidos en la elección de abogados y exigiría que se realizara un juicio justo y con todas las garantías. El secretario de Estado ha pedido a los familiares de los españoles "que confíen en el Gobierno (...) y que no duden que el Gobierno va a realizar toda la protección consular", y ha les ha sugerido que esperen con "sosiego y calma" las decisiones de las autoridades chadianas.

A su vez, Bernardino León ha declarado que el Gobierno sabe que los españoles se "encuentran en buen estado", tal y como informaron un médico y un capellán que pudieron ver a los detenidos, a diferencia de los cónsules, a quienes se les impidió de visitarles.

"Complicidad" en el secuestro de niños"

Los siete españoles, tripulantes de un vuelo fletado por la ONG francesa El Arca de Zoé, han sido acusados por un juez de Abéché, localidad en la que se encuentran, de los delitos de estafa y complicidad en el secuestro de menores, según ha informado un portavoz del Ministerio de Exteriores. Además, el tribunal, con el apoyo de la fiscalía, ha solicitado formalmente el traslado de las diligencias a Yamena, la capital de Chad, donde serán trasladados los siete españoles en las próximas horas.

Según el juez, los españoles serían cómplices de complicidad en un supuesto delito de tráfico de niños relacionado con el intento por parte de la ONG Arca de Zoé de intentar sacar del país a 103 menores de edad. Por este caso hay también detenidos nueve franceses, entre ellos tres periodistas, a los que el juez imputa los delitos de secuestro de menores y fraude.

El fiscal del caso ha comunicado al cónsul de España en Camerún, Vicente Mas, que va a proceder a un interrogatorio "a fondo" y por separado de cada uno de los miembros de la tripulación, que serán asistidos por un abogado y un intérprete, según Exteriores. El cónsul se ha reunido hoy con los siete españoles detenidos, y ha asegurado que encuentran en buen estado y que están recibiendo "un buen trato".

"Chadianos de padres chadianos"

Un consejero del ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner, ha afirmado hoy que los niños son "chadianos de padres chadianos", a diferencia de la versión de la ONG gala que defiende el origen sudanés de los menores.

Además, el portavoz de Kouchner, Pascale Andréani, ha reiterado la información dada ayer por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) según la que estos más de 100 niños no son "huerfanos".