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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar a trece altos cargos marroquíes por delitos de genocidio y torturas en el Sahara en relación con la desaparición de cientos de saharauis.
Garzón ha adoptado esta decisión con el visto bueno de la Fiscalía en un auto en el que acuerda abrir diligencias previas para investigar "la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados" en una querella presentada por asociaciones de Derechos Humanos, el 14 de septiembre de 2006.
Hasta ahora el juez no se había pronunciado sobre su admisión a trámite porque "previamente", según indica en el auto, tuvieron que "subsanarse" problemas de concreción de los hechos denunciados.
Los principales querellados a los que Garzón acuerda investigar son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976 y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
A Ben Hachem también se le acusa de haber secuestrado el 20 de noviembre de 1987 a Djimi El Ghalia a la que dio "orden de torturarla".
También destacan Said Ouassou, supuesto responsable directo de todas las detenciones de ciudadanos saharauis en El Aaiún entre 1976 y 1978, Abdelhak Lemdaour, supuesto responsable y dirigente de una gran campaña de detenciones; Moustafa Hamdaoui, dirigente del cuartel de la gendarmería en Tan Tan en 1981; Dris Sbai, quien presuntamente dirigía las operaciones de secuestros y torturas.
El resto de los querellados son Ben Hima, Ayachi, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, quien formó parte de la brigada criminal en El Aaiún; Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid, todos ellos relacionados con la detención y torturas a El Ghalia.
Como primeras diligencias, Garzón ha acordado que, mediante una comisión rogatoria a Marruecos, se dé traslado de la querella a los querellados, así como que se le comunique si los hechos que en ella se recogen están siendo investigados y con qué resultado y si existe algún procedimiento penal contra los denunciados.
En esa comisión rogatoria, Garzón también requiere al reino alauí "los datos que consten a nivel oficial sobre la identidad de las víctimas y lugar de inhumación".
Las asociaciones de apoyo al pueblo saharaui y pro Derechos Humanos se querellaron contra 31 militares o ex militares marroquíes y cifraron en 542 el número de saharauis desaparecidos desde 1975.
Según los denunciantes, a partir de 1975, fecha en la que España se retiró de la que era su provincia número 53, Marruecos ocupó el territorio "mediante una cruenta guerra y masacre contra el pueblo saharaui que duró 16 años".
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